(Tomado de Rebelión)
Naomi Klein
La Jornada
No queríamos quedarnos atorados con algo defectuoso. Eso fue lo que Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna, dijo ante una comisión de la Cámara, el mes pasado. Se refería al “muro virtual” planeado para las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá. Si todo el proyecto sale tan mal como el prototipo de 28 millas, podría resultar ser uno de los defectos más caros de la historia: se proyecta que su costo sea, de aquí a 2011, de 8 mil millones de dólares.
Esta semana, Boeing, la compañía que obtuvo el contrato –el más grande otorgado por el Departamento de Seguridad Interna–, anunció que finalmente, tras meses de retraso debido a problemas con las computadoras, va a probar el muro. Las fuertes lluvias confundieron sus cámaras de control remoto y sus radares, y los sensores no pueden distinguir entre gente que se mueve, vacas pastando o arbustos que ondean sus hojas. Pero esta debacle apunta a algo mayor que una defectuosa tecnología. Revela la defectuosa lógica de la visión de la administración de Bush, que favorece un gobierno ahuecado, administrado en todos los aspectos posibles por contratistas privados.
Según esa visión radical, los contratistas ven al Estado como cajero automático, del cual retiran contratos masivos para llevar a cabo funciones centrales, como asegurar las fronteras e interrogar a prisioneros, y hacen depósitos en la forma de contribuciones a las campañas. El ex director de presupuesto del presidente Bush, Mitch Daniels, lo dijo así: “la idea general –de que la tarea del gobierno no es proveer servicios, sino asegurarse de que se provean– me parece obvia”.
El otro lado de la moneda de la directiva de Daniels es que el sector público pierde, a pasos agigantados, la habilidad para llevar a cabo sus más básicas responsabilidades, sobre todo en el Departamento de Seguridad Interna, el cual, como creación de Bush, ha seguido el modelo del cajero automático desde su concepción.
Por ejemplo, cuando el controvertido proyecto fronterizo fue lanzado, el departamento admitió que no tenía ni idea de cómo asegurar las fronteras y además no creía que fuese su tarea averiguar cómo hacerlo. El subsecretario de Seguridad Interna dijo a un grupo de contratistas que “ésta era una inusual invitación… les pedimos que regresen y nos digan cómo hacer nuestra tarea”.
Las compañías privadas no sólo llevarían a cabo el trabajo, también identificarían qué trabajo necesitaba hacerse, escribirían sus propias órdenes de trabajo, las pondrían en práctica y las supervisarían. Todo lo que el departamento tenía que hacer era firmar cheques.
Y, como dijo un ex alto funcionario de Seguridad Interna, “si no proviene de la industria, no podremos lograrlo”.
En pocas palabras, si un trabajo no puede ser subcontratado, no puede ser realizado.
Esta filosofía, central en los años de Bush, explica estadísticas como ésta: en 2003, el gobierno estadunidense otorgó a las compañías 3 mil 512 contratos para llevar a cabo funciones de seguridad interna, desde la detección de bombas hasta la búsqueda de datos. En el periodo de 22 meses que finalizó en agosto de 2006, el Departamento de Seguridad Interna emitió más de 115 mil contratos relacionados con la seguridad.
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